Vicepresidenta Francia Márquez Mina calificó como “un hito en la protección de las mujeres en nuestro país” la implementación de la Ley de Utilidad Pública

Bogotá, 14 de septiembre de 2023 (@ViceColombia).

Al intervenir este jueves en el acto de implementación por parte del Ministerio de Justicia de Ley 2292 de 2023 de Utilidad Pública, a través del decreto 1451, en la sede del Museo Nacional en Bogotá, la Vicepresidenta Francia Márquez Mina calificó como “un hito en la protección de las mujeres de nuestro país” el que se ponga en marcha el primer mecanismo de alternatividad penal diseñado con enfoque de género y restaurativo. De esta manera, mujeres cabeza de familia podrán acceder a la libertad y ejecutar su pena a través de la prestación de servicios comunitarios.

“En el decreto se materializa el reconocimiento del rol que ocupan las mujeres en los circuitos de violencia y delincuencia del país y, de igual manera, de su experiencia particular en los procesos de criminalización y en el sistema penitenciario. La sanción alternativa que propone se activa en favor de aquellas mujeres que bajo condiciones especiales de marginalidad cometieron delitos”, manifestó Márquez Mina, recalcando que el Gobierno viene trabajando desde el primer día en cerrar las brechas de desigualdad y reconstruir el tejido social, por lo que se hace necesario que el sistema judicial atienda la crisis carcelaria y avance hacia una política criminal fundada en la dignidad humana y la reinserción social, como finalidad esencial de la pena.

En este sentido, explicó que el objetivo es beneficiar a aquellas mujeres para quienes la criminalidad fue la única forma de sustentar el hogar del cual se tuvieron que hacer cargo, aclarando que la norma excluye a condenadas por violencia intrafamiliar o por uso de menores de edad en la comisión de delitos. “Lo que proponemos con esta ley es un cambio de pena que dé lugar a la resocialización de las mujeres y a la reparación del daño social infligido”, agregó.

La mandataria reconoció que el sistema carcelario del país lleva décadas en crisis y profundiza las desigualdades. “En las cárceles hay hacinamiento, condiciones precarias, vulneración a los derechos y, en general, una falta de respeto por la dignidad humana. Esto se entiende en el marco de un sistema y una sociedad que le hacen culto al punitivismo, un modelo que reproduce y profundiza las desigualdades latentes de Colombia”, dijo.

Y aseguró que las mujeres privadas de la libertad, que son alrededor de 17.000 en toda Colombia, viven en carne propia esa crisis carcelaria. “Desde la cárcel ven cómo las desigualdades que han determinado su experiencia de vida como mujeres se profundizan. Las mujeres hemos sido históricamente discriminadas. Se nos han impuesto los roles que debemos ocupar en la sociedad, mientras se nos han negado la posibilidad de educarnos y perseguir nuestra vocación”, refirió.

Para la Vicepresidenta, pese a que a lo largo de la historia las mujeres han luchado por su dignidad, aún hoy cargan sobre sus espaldas la mayor parte de la pesada carga de los roles del cuidado o de madres como único proyecto de vida, e incluso todavía se escuchan posturas como que solo sirven para parir. Asimismo, la falta de educación sexual ha traído consecuencias de los embarazos en la adolescencia y no deseados y, por cuenta de los prejuicios machistas, siempre son las primeras en ser juzgadas y culpadas. Y en el contexto de los largos periodos de conflicto y de violencia prolongada en el país, su cuerpo ha sido utilizado como arma de guerra.

Por otra parte, en el marco de la privación de la libertad, la mandataria indicó que la maternidad, “ese rol que se le ha impuesto y se le sigue imponiendo a la mujer”, se ha visto restringida y fuertemente limitada. “Los hijos e hijas de las mujeres presas quedan al cuidado de otras personas, y en muchos casos son abandonados. Muchas mujeres deben parir en privación de libertad y sus hijos llegan a vivir hasta los tres años con ellas dentro de los establecimientos penitenciarios (...) esto tiene un gran impacto en su salud física y mental. Además, al ingresar a la cárcel, muchas son abandonadas por sus parejas. Los tratamientos médicos y la dotación higiénica son insuficientes. La salud sexual y reproductiva de las mujeres privadas de la libertad se ve fuertemente afectada en los establecimientos carcelarios”, señaló.

La Vicepresidenta recalcó que esta vulnerabilidad y estas cargas que se acumulan sobre las mujeres, muchas de las cuales han caído en el delito por falta de oportunidades, exigen del Estado una mirada diferencial en el trato judicial. “Como Gobierno, estamos llamados a reconocer las condiciones particulares que viven miles de mujeres en nuestro país. Mujeres que en muchos casos son las únicas cuidadoras de sus hijos e hijas. Por ello, creemos fundamental implementar sanciones alternativas a la prisión, que no profundicen la brecha de desigualdades”, subrayó.

La mandataria considera entonces que los servicios comunitarios o servicios de utilidad pública son un avance en materia de garantía de derechos y marcan un camino hacia la humanización de la política criminal, más aún cuando en el núcleo de la implementación de la Ley se ubica el enfoque de género. “El enfoque punitivo no ayuda a construir una sociedad más justa ni menos desigual. Por el contrario, contribuye a perpetuar ciclos de criminalidad y de marginación. El delito, ante todo, debe ser sancionado en busca de la reparación de los daños. Abogamos por una justicia restaurativa porque da lugar a la participación de la comunidad y a la construcción colectiva”, refirió.

La Vicepresidenta Francia Márquez Mina aseguró que con la implementación de la Ley de Utilidad Pública se abre la puerta para que las mujeres reparen sus delitos y se hermanen con una sociedad que está dispuesta a acogerlas. “En los servicios de utilidad pública con los que reemplazamos las penas privativas de la libertad de estas mujeres se encuentra la semilla fértil de una transformación social profunda. Una sociedad capaz de reconciliarse consigo misma es una sociedad en la que podremos lograr que la dignidad se haga costumbre”, concluyó.​